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Un contrato como el descrito entre Petróleos de Venezuela s.a. (Pdvsa) y Chevron violaría flagrantemente la Constitución de la República (Artículos 12, 302, 303 y 311) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pues PDVSA no puede delegar, directa ni indirectamente, la producción de petróleo en empresas privadas.

La afirmación corresponde al economista petrolero Rafael Quiroz Serrano, para quien la ausencia de transparencia en los detalles exactos de la negociación de Pdvsa con la empresa norteamericana Chevron pone en el tapete si los contratos se ajustan o no la Constitución y las leyes venezolanas en materia petrolera.

El regreso de Chevron a la actividad de producción en Venezuela lleva un punto que tendría importantes consecuencias en el papel de las empresas mixtas donde tiene mayoría PDVSA: ceder a las otras empresas socias el control operacional, gerencial y de contratación de servicios.

“Para ello, el Gobierno a través de su ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, ha anunciado nuevos contratos con Chevron, sin que se conozcan aun sus detalles”, explica Quiroz.

El economista revela que esa cesión operacional no es posible llevar a cabo en el marco de la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, y seguramente se podría pedir una aclaratoria ante las instancias judiciales respectivas.

“Existe la duda si este contrato sería uno de asistencia técnica, o sea, un contrato por el cual PDVSA, directa o indirectamente, traslada a Chevron el derecho a producir y exportar petróleo”, dice Quiroz.

Recuerda que para el exprocurador del Gobierno Interino José Ignacio Hernández este contrato haría posible la aplicación de la licencia general M°41, pues sería Chevron quien asumiría la responsabilidad de producir y exportar petróleo en nombre de las Empresas Mixtas, asegurando con ello el cumplimiento de la licencia.

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“Esto daría a Chevron control para asegurar el pago de la deuda que mantiene con PDVSA. De esta manera, este contrato sería la pieza que falta para poder entender cómo funcionará en la práctica la licencia”, explica el economista.

Toda esta situación deja claro la falta de transparencia de la nueva licencia, que solo saca a la luz una parte de las operaciones que realizaría Chevron.

“Sin conocer si existe un nuevo contrato y cuáles son sus términos y condiciones, no puede analizarse debidamente la nueva licencia”, concluye el economista.