En un extenso y detallado comunicado, los vecinos afirman que “cuando hay actas,
contratos opacos, falta de rendición de cuentas y uso discrecional de recursos, no se trata
de calumnias: se trata de legítima contraloría ciudadana”.
Los vecinos de Prados del Este han elevado en los últimos días su protesta por el uso
indebido que la presidenta de ASOPRAES, Kiomara Scovino, viene dando a un espacio con
fines deportivos y recreativos que fue convertido en mercado de los corotos sin la
autorización de las autoridades municipales.
A través de un comunicado rechazaron las acusaciones de Scovino de una supuesta
campaña de “difamación e injuria”, porque “no se trata de calumnias” sino de exigir
respuestas ante “la opacidad” con la que la Asociación ha manejado su gestión.
“Cuando hay actas, contratos opacos, falta de rendición de cuentas y uso discrecional de
recursos, no se trata de calumnias: se trata de legítima contraloría ciudadana. Quien dude
de esto puede acudir al Ministerio Público y verificar en el expediente MP-165253-2023
todas las pruebas y el fundamento de las acusaciones”, señalan los vecinos en un extenso y
detallado documento.
Para los habitantes de esta importante urbanización del municipio Baruta, “las áreas
comunes no son patrimonio privado de la Junta Directiva. Independientemente de si es en
las canchas o en su estacionamiento, la señora Scovino se ha adjudicado la autoridad sobre
el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso a las mismas
a niños y personas de zonas vulnerables”.
A continuación el comunicado de los vecinos que afirman que en vez de ASOPRAES y
especialmente Kiomara Scovino usar su poder para atacar a quienes cumplen la ley,
deberían responder por el uso arbitrario de un espacio que “sí viola las normativas urbanas
al operar sin consulta ni autorización de los vecinos, sobre el cual tampoco se rinden
cuentas”.
RESPUESTAS A LA “ACLARATORIA” DE KIOMARA SCOVINO
PUNTO 1 – “No hay pruebas. Todo es difamación”
- Decir que “no hay pruebas” no borra el hecho de que existen denuncias formales,
testimonios vecinales y documentación respaldando los señalamientos contra la
gestión de la Sra. Scovino. Descalificar a quienes levantan la voz no convierte los
hechos en falsos. - Difamación es acusar sin fundamento. Pero cuando hay actas, contratos opacos,
falta de rendición de cuentas y uso discrecional de recursos, no se trata de
calumnias: se trata de legítima contraloría ciudadana. Quien dude de esto puede
acudir al Ministerio Público y verificar en el expediente MP-165253-2023 todas las
pruebas y el fundamento de las acusaciones. - Acusar a los vecinos de “instigación al odio” solo por hacer preguntas incómodas es
una táctica común del autoritarismo. Lo que existe aquí es una comunidad exigiendo
claridad, no una campaña de odio.
PUNTO 2 – “Scovino es arquitecta y vicepresidenta de ASOPRAES”
- Ser arquitecta o tener un cargo en ASOPRAES no es sinónimo de probidad. Lo que
se cuestiona no es su título, sino el uso discrecional de su poder en detrimento de
los intereses vecinales. - La credencial no convierte en impoluto a nadie. Por el contrario, estar en un cargo
implica mayor responsabilidad y más exigencia de transparencia, no un cheque en
blanco. - Mencionar su cargo como defensa es irrelevante. Lo que está en tela de juicio no es
su rol formal, sino las decisiones tomadas desde esa posición sin el debido respaldo
de la comunidad.
PUNTO 3 – “No se usan las instalaciones deportivas”
- Los videos y registros fotográficos contradicen sus afirmaciones: sí se están
utilizando áreas originalmente destinadas a actividades recreativas para actividades
vecinales. - Negar la ocupación del espacio común cuando existen evidencias gráficas es una
falta de respeto a la inteligencia de los vecinos. Las áreas comunes no son
patrimonio privado de la Junta Directiva. Independientemente de si es en las
canchas o en su estacionamiento, la señora Scovino se ha adjudicado la autoridad
sobre el uso de estas áreas, incurriendo en situaciones donde se le niega el acceso
a las mismas a niños y personas de zonas vulnerables. La comunidad es de todos, y
estos actos de clasismo perjudican la reputación de todos los vecinos. - No basta con que las canchas de tenis estén “en otra zona”. El uso de espacios
públicos o comunales debe estar avalado por asamblea de copropietarios. Cosa que
no ocurrió. Se han recibido reportes de emprendedores que hacen vida en la zona a
los que se le cobra por el uso del espacio de forma diario, incluyendo un monto
destinado a un “IVA” que no existe.
PUNTO 4 – “Todo tiene permiso y está en regla”
- La legalidad de una actividad no se mide solo por un supuesto “acuerdo con la
Alcaldía”. ¿Dónde están las actas de asamblea que aprueban el uso del espacio
común? - La comunidad tiene derecho a decidir sobre sus espacios. Ni ASOPRAES ni la
Alcaldía pueden imponer actividades sin consultar ni respetar el principio de
copropiedad. Adicionalmente, es inaceptable que se incurran cobros indebidos por
parte de sus miembros a los emprendedores que hacen vida en estos espacios, lo
que perjudica el desarrollo de la zona. - Si todo estuviera “en regla”, no habría denuncias múltiples ni solicitudes de auditoría.
La opacidad con la que se han manejado estos eventos es incompatible con una
gestión responsable.
PUNTO 5 – “Los vecinos no se han quejado”
- Falso. Hay denuncias formales y múltiples testimonios vecinales. Negarlas es
invisibilizar la voz de los propios residentes. Se está llevando a cabo una recolección
de firmas que supera las 150 familias en las que se busca lograr un cambio en la
directiva de Asopraes, ya que ha dejado de representar a los vecinos ya que los
actos de corrupción y autoritarismo han desviado el propósito de la asociación. Que
la directiva incurra en acusaciones penales debería ser causa suficiente para que se
hagan a un lado. - Reducir todas las críticas a una sola persona es una estrategia de distracción. La
inconformidad es colectiva y sostenida, no producto de un capricho individual. - El silencio de ASOPRAES ante denuncias previas no significa que estas no existan,
sino que nunca quisieron escucharlas. Hoy la comunidad exige respuestas, no
excusas.
PUNTO 6 – “ASOPRAES no cobra; lo hace otra organización”
- Que se use a un tercero para el cobro no exonera a ASOPRAES. Si recibe dinero a
cambio del uso del espacio, hay una relación económica directa que exige
transparencia. - ¿Dónde está el contrato con “El Garage del Sol”? ¿Quién aprobó esa alianza?
¿Cuáles son los términos? Las relaciones opacas son incompatibles con la gestión
vecinal participativa. - Los vecinos tienen derecho a saber cuánto se cobra, quién cobra, en qué se gasta y
por qué. Delegar la responsabilidad en otro no es lo mismo que actuar con
honestidad.
PUNTO 7 – “Nadie mantiene a su familia en Europa con ese dinero”
- El foco no está en la vida privada de nadie, sino en el uso de fondos de la
comunidad sin rendición de cuentas. Si no hay nada que ocultar, que se presenten
los libros contables. Asopraes ha incumplido con sus deberes al punto de que su
cuenta en el Venezolano de Crédito se encuentra bloqueada, ya que no presentaron
las Actas de Asamblea actualizadas. - La mejor forma de desmontar rumores no es gritar que son “absurdos”, sino mostrar
evidencia clara de una administración transparente. El problema es que la actual
directiva de Asopraes ha demostrado no manejar con transparencia sus procesos,
perjudicando a los vecinos que se supone representan. - Lo realmente “abusivo” sería utilizar recursos de los vecinos para fines personales.
Esa es la acusación de fondo, y aún no ha sido desmentida con pruebas, solo con
adjetivos.
PUNTO 8 – “No compite con el comercio formal”
- Este no es un debate sobre competencia comercial, sino sobre legalidad,
zonificación y uso indebido del espacio comunitario. No desviemos el foco. - Si tan solidario es el mercado, ¿por qué no se realiza en un lugar aprobado por la
comunidad y debidamente registrado como espacio ferial? El asunto mayor no recae
únicamente sobre el llamado “mercado de corotos”, versa sobre todos los
emprendedores que se han visto afectados por los abusos de miembros de la
directiva de Asopraes, quienes han llegado a cobrarles vacuna e indebidamente un
monto diario por el uso del espacio. - Lo que sí compite con el respeto vecinal es usar la necesidad de otros como excusa
para actividades lucrativas sin transparencia ni consulta.
PUNTO 9 – “No viola la zonificación, los otros comercios sí”
- Los comercios que menciona sí cuentan con ficha catastral, RIF, permisos
municipales y pagan impuestos, lo cual los diferencia completamente del mercado
informal que ella promueve. - No se puede justificar una irregularidad señalando otras, menos aún cuando las que
acusa no son ilegales y son señaladas únicamente por negarse a los intentos de
extorsión ejecutados por algunas personas de la directiva, entre las que se le acusa
directamente a la señora Scovino, razón real detrás de su hostigamiento. - En vez de usar su poder para atacar a quienes cumplen la ley, debería responder
por el uso arbitrario de un espacio que sí viola las normativas urbanas al operar sin
consulta ni autorización de los vecinos, sobre el cual tampoco se rinden cuentas.
PUNTO 10 – “Le corresponde derecho a réplica”
- Claro que tiene derecho a réplica, pero también tiene la obligación de rendir cuentas.
Y hasta ahora no ha ofrecido una sola auditoría pública que incluya a todos los
vecinos, ni convocado a asamblea abierta. - Confundir el derecho a réplica con impunidad es un grave error. Las críticas que se
le hacen no son un linchamiento, son el resultado de una comunidad harta de la
opacidad. - Tiene derecho a defenderse, pero no a victimizarse para evadir responsabilidades.
Si tiene la razón, que lo demuestre con hechos, balances y actas… no con ataques
a quienes exigen transparencia. La asociación de vecinos es de todos, y tiene 25
años secuestrada por quienes la han convertido en su propio modus vivendi.
La entrada Mercado de los corotos causa polémica en Prados del Este se publicó primero en Descifrado.
